La nueva norma, que salió de Diputados después de un debate de 48 horas y que entró en el Senado el jueves por la mañana para ser votada sin más trámite en apenas una hora, representó una conquista política del gobierno nacional que venía con una carga negativa en su relación con el Parlamento. Pero además deberá facilitar una mayor competitividad para los productores brasileños, tanto de materias primas agrícolas y mineras, como de bienes industriales.

La “pesadez” operativa de los puertos brasileños había generado situaciones como las que se vivieron en Santos, en abril último.

Largas filas de camiones, que se extendían por decenas de kilómetros, llegaron a taponar una de las grandes vías de comunicación entre San Pablo y la propia ciudad de Santos, en cuyas proximidades se encuentra el mayor puerto del país. El congestionamiento fue de tal magnitud que provocó fuertes retrasos en los embarques de granos, con las pérdidas que eso representa para el agro.

Hace tres meses, Dilma bajó una medida provisoria (o decreto) que buscó corregir el problema. Pero ese tipo de soluciones tienen una vigencia muy limitada y precisa luego de 120 días ser votada por el Congreso para no caducar. La medida en sí obviamente toca los intereses de varios sectores, al abrir nuevas licitaciones de concesión en los puertos públicos (lo que da por terminada las antiguas) y permitir que los puertos privados, que por lo general pertenecen a empresas específicas –como las mineras y siderúrgicas– atiendan todo el mercado y no sólo operen para comercializar su propia producción.

Pero lo que más alteró el ambiente fue la puja política dentro del oficialismo y luego entre los legisladores gubernamentales y los opositores. Eso explica los dos días de debate, con cena y madrugón incluidos para los diputados “propios” y los “ajenos”, que demandó la nueva ley. La presidenta Rousseff se impuso así a sectores sindicales y a los grupos más radicalizados hacia la izquierda del oficialismo y aún de la oposición, que rechazaban la modificación del sistema.

Quizá lo más emblemático fue lo que ocurrió en el Senado, donde el gobierno obtuvo un triunfo arrasador luego de conceder algunos beneficios especiales para los senadores de la coalición. En Brasil, cada vez que aparece una votación de urgencia, senadores y diputados suelen demandar presupuestos comprometidos para obras en sus distritos electorales, lo que configura un sistema elástico y hasta perverso en las relaciones de los ministros y la presidenta con el Congreso.

Lo cierto es que esta vez hubo otros problemas. Al unificar su base mediante concesiones como las mencionadas, el Senado aprobó en tiempo récord y con notable mayoría la ley en cuestión. Fueron 53 votos a favor, contra solo 7 en contra y cinco abstenciones En la Cámara Alta, desde la oposición de izquierda hasta la de derecha, se quejaron amargamente. Para ellos, el gobierno de Dilma pasó por encima del Senado, lo aplastó. El líder de la bancada del Partido Socialdemócrata de Brasil (principal adversario del oficialismo), Aloysio Nunes, se quejó amargamente, al señalar que la votación del Senado, consagratoria de la ley, fue una violación de la Constitución. “Después de lo que pasó, es mejor extinguir el Senado y establecer un sistema unicameral” cuestionó el dirigente. Pero Rousseff considera que esta medida bien valía lo hecho.

La presidenta de Brasil entiende que reformar los puertos “es una prioridad estratégica” que se enmarca en la necesidad de disminuir costos y aumentar la capacidad de competencia de las empresas brasileñas. “No vamos a poder desarrollar el país sin una estructura de puertos que bajen el costo Brasil”, había advertido Dilma Rousseff en un discurso de hace una semana.

Las nuevas concesiones de los puertos públicos que deben sobrevenir, se harán por tiempo indeterminado, pero estarán condicionadas a las mayores inversiones que requiere la modernización portuaria, considerada por los empresarios como uno de los grandes factores que conspiran contra las exportaciones del país.
Por Eleonora Gosman.