Uruguay crece, el país produce más, aumentan las ganancias, la economía mantiene su expansión –aunque más leve–, el consumo se dispara, los riesgos de crisis parecen lejanos aunque hay cautela por algunas señales adversas. Una inversión como la de Botnia –hoy UPM– de US$ 1.200 millones llamaba la atención a mediados de la década pasada. Hoy es más corriente manejar esas cifras, característica de un ambiente de prosperidad. Es un dinero que en la actualidad se piensa, sobre todo, para mejorar una infraestructura que en la Banda Oriental no acompasa el desarrollo. El Estado ha ingresado como actor relevante en este sentido con el impulso de una serie de proyectos, algunos de los cuales no han escapado a la polémica.

La mejora de las rutas nacionales, el avance en los trenes de carga y la concreción de un puerto de aguas profundas en costas del océano Atlántico, la central de UTE de ciclo combinado y la regasificadora, apuntan a evitar lo que el presidente José Mujica llamó “apagón logístico” y forman parte de las grandes obras de infraestructura que el país necesita arremeter. Estas iniciativas han elevado el rol del Estado en ese aspecto. Según el mandatario, las empresas públicas invertirán en 2013 US$ 2.500 millones en infraestructura.