La llegada del nuevo milenio sorprendió a todos con un espectáculo fuera de lo común: la caída de las torres gemelas a causa de un atentado terrorista debilitó las expectativas depositadas en un mundo global y sin fronteras.

A partir de este suceso se abrió paso una nueva visión del mundo en la que el terrorismo es un riesgo constante y las acciones hostiles una posibilidad permanente. Esta perspectiva plantea la intensificación de la necesidad de emprender cualquier acción de intercambio en un contexto de prevención; prevenir un posible ataque terrorista significa montar un escenario de riesgo simulado y planificar las respuestas adecuadas para actuar con celeridad en caso de que la situación simulada se produzca en la vida real.

Esta es la línea de acción que promueve el Código de Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias -o PBIP- adoptado en la Conferencia Diplomática sobre la Protección Marítima celebrada en Londres en diciembre de 2002.

Los objetivos del Código PBIP son:

1. Promover la cooperación entre Gobiernos Contratantes, Organismos Gubernamentales, Administraciones Locales y los sectores navieros y portuarios para la detección de amenazas y la adopción de medidas preventivas contra actos que atenten contra la seguridad de los buques o instalaciones portuarias utilizados para el comercio internacional;

2. Definir las funciones y responsabilidades de estos actores en el ámbito nacional e internacional, para garantizar la protección marítima;

3. Garantizar la eficacia y rapidez en la recopilación e intercambio de información vinculada a la protección;

4. Ofrecer una metodología para efectuar evaluaciones de la protección;

5. Ofrecer la garantía de que se cuenta con medidas de protección marítima adecuadas y proporcionadas.

Ante el nuevo escenario internacional, la Administración General de Puertos procedió a designar un área específica dentro de la empresa para asumir las responsabilidades que derivaron de las nuevas reglas acordadas entre los países en materia de seguridad. La Gerencia de Seguridad y Control Ambiental fue especialmente creada para la implementación y aplicación operativa de las distintas normas internacionales sobre seguridad, antiterrorismo y control ambiental, tales como el Código PBIP. La necesidad de contar con personal capacitado y de promover el desarrollo de tecnología para el control preventivo en la jurisdicción portuaria respaldó la decisión de crear una Gerencia especializada en temas de seguridad.

Entre el 30 de junio y el 8 de julio de 2004, todas las Terminales Portuarias Concesionadas certificaron el PBIP en cumplimiento con la entrada en vigencia del Código, el 1 de julio de 2004. También los Permisionarios Ferrylíneas Argentina, Buquebús, y la Terminal de Pasajeros de Cruceros, Benito Quinquela Martín (TPA-Terminal 3) adecuaron sus instalaciones a las exigencias del Código. La Terminal Benito Quinquela Martín, por su parte, ha implementado otras medidas de seguridad aún antes de la entrada en vigor del PBIP, como la instalación de tres scanners grandes para valijas, uno para bultos de mano y dos arcos detectores de metales.

El 9 de noviembre del 2004, por iniciativa de la Administración General de Puertos -y una vez cumplidos los requisitos exigidos por la autoridad de aplicación- se designó al Oficial de Protección de las Instalaciones Portuarias, que fue certificado por la Prefectura Naval Argentina.

A partir de allí, la Administración General de Puertos avanzó en la realización de los planes de protección para las áreas ubicadas en la jurisdicción portuaria. Actualmente, la AGP está gestionando la solicitud a la autoridad de aplicación (PNA) para que realice las evaluaciones pertinentes.

Estas evaluaciones de protección de la instalación portuaria se actualizarán periódicamente debido a posibles cambios de las amenazas o a modificaciones en la instalación portuaria.

Otras normativas vigentes

Estados Unidos ha liderado el movimiento orientado hacia un control exhaustivo de los puntos vulnerables de cada estado - sus puertas de entrada, sean marítimas, aéreas o terrestres. Esta tendencia ha sido llevada a su punto máximo por ese país, a partir de distintas iniciativas de seguridad que promueven el traslado de sus propios organismos de control hacia los países de origen de las cargas con destino a Estados Unidos.

Iniciativa de Seguridad de Contenedores (CSI- Container Security Iniciative)

Este programa, desarrollado por el servicio aduanero de los Estados Unidos, fue lanzado en enero de 2002 con el objetivo de incrementar la seguridad en el tráfico de bienes hacia su país. La adopción del CSI permitiría a un determinado número de funcionarios aduaneros, realizar inspecciones en el país de origen de las cargas, con el objetivo de identificar contenedores con cargas de alto riesgo. Los contenedores considerados sospechosos pasarían a través de scanners , y podrían incluso ser descargados por las autoridades locales del puerto, antes de su reembarque a EEUU.

La importancia de esta iniciativa para los países que comercian con Estados Unidos, radica en el tratamiento diferenciado que se daría a las cargas provenientes de "países seguros" respecto de las cargas provenientes de países que no forman parte del CSI. Con la adopción de esta iniciativa, los países que mantienen relaciones comerciales con EEUU se aseguran que la carga no sea demorada en Estados Unidos para inspecciones de seguridad, con el aumento de los costos que estas demoras implican para los exportadores.

La primera fase de esta iniciativa incluyó a los veinte puertos de Europa y Asia que concentran el 70% de los contenedores que van hacia EEUU. La segunda fase contempla la posibilidad de incorporar a otros veinte puertos más, incluyendo algunos del Hemisferio Occidental.

El 3 de julio de 2003 se hizo pública la intención de las autoridades norteamericanas de incluir en esta iniciativa al complejo formado por el Puerto Buenos Aires y la terminal Exolgán.

A partir de esto, la Administración General de Puertos suscribió convenios con todas las Terminales Portuarias Concesionadas y con la Terminal de Pasajeros Benito Quinquela Martín, para la recaudación de 1 dólar por mes, por contenedor, en el caso de las Terminales de Carga, y 50 centavos de dólar por mes por pasajero, en el caso de la Terminal de Pasajeros, con el objetivo de financiar la inversión en planes de seguridad y adecuación de las instalaciones portuarias, lo que requiere un gran desembolso de dinero para la adquisición de equipos, instalación de circuito cerrado de televisión, cerramientos para toda la extensión del puerto, etc.

Iniciativa Megaports

Esta iniciativa también fue impulsada por Estados Unidos como parte de su política de seguridad nuclear. La incorporación del Puerto Buenos Aires a esta iniciativa prevee la provisión de equipos para la detección de material radiactivo.

La Administración General de Puertos ha destinado personal capacitado para trabajar sobre este proyecto. Actualmente se espera el informe final de la Comisión de los Estados Unidos, que visitó el Puerto Buenos Aires entre el 18 y el 22 de abril con el fin de evaluar la posibilidad de incluir a nuestro puerto en la Iniciativa.

La Administración General de puertos, a través de su personal capacitado en materia de seguridad, ha participado activamente en las discusiones sobre la aplicación de las nuevas normas internacionales de protección. En el 2002 asesoró a los miembros del Mercosur de la Comisión Interamericana de Puertos (OEA), sobre las medidas urgentes a tomar por las Administraciones Portuarias y la incidencia técnica, social y comercial que estas medidas implicarían. En el ámbito de la Cancillería, participó en distintas comisiones para recopilar información sobre las características técnicas de los scanners, en las que se analizó la posibilidad de que fueran de rayos x o Gamma. La AGP también mantuvo un contacto periódico con personal de la Aduana y del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos y por supuesto con los organismos nacionales y privados vinculados a la actividad portuaria, con el fin de construir un ámbito de colaboración mutua para la concreción de los objetivos de protección del ámbito marítimo y portuario.